El organicismo Social en las Cortes de la Monarquía Hispánica
Antiguas Cortes Españolas. (Ver texto completo)
Son celebérrimos en nuestra historia los concilios de Toledo, celebrados durante la época visigótica. Desde que Recaredo se convirtió al Catolicismo, estos concilios eran convocados y presididos por el monarca y asistían a ellos los obispos, los próceres palatinos y los duques o gobernantes de las provincias. Como verdaderos concilios eclesiásticos y con la intervención exclusiva de los prelados de la Iglesia, estas asambleas decretaban y promulgaban cánones en materias dogmáticas y disciplinarias.
Como organismo legislativo del Estado y con la anuencia del monarca, estos concilios establecían leyes civiles obligatorias en el Reino, pues aunque los reyes tenían, de hecho procuraban hacerlo guiados y apoyados en la ciencia y en la prudencia de los obispos.
Iniciada la Reconquista vuelven a celebrarse en España concilios análogos a los toledanos de la época goda, es decir, convocados y presididos por los monarcas y con la asistencia de prelados y magnates, para entender en asuntos eclesiásticos y civiles, aunque en los asuntos eclesiásticos sólo resolvían los obispos, y los próceres eran meros testigos. Tal carácter tuvieron los concilios de Oviedo (876), León (914, 974 y 1020), Astorga (974), Coyanza (1050), Compostela (1124) y Palencia (1129).
Más tarde prevaleció entre nosotros la tendencia del papa Gregorio VII de liberar a la Iglesia de las intromisiones del poder temporal, y se comenzaron a celebrar en España concilios sin intervención de la autoridad civil y para tratar solamente del gobierno espiritual de los fieles cristianos, como los de Burgos (1136), Valladolid (1137 y 1155), Palencia (1148) y otros.
Al efectuarse esta separación de asuntos y de personas, ya no podían continuar celebrándose concilios semejantes a los visigóticos; pero como los Estados españoles necesitaban las luces de los prelados y de los clérigos y el apoyo de éstos y de los nobles, los reyes siguieron convocando, no concilios, sino juntas o asambleas que entendieran en los asuntos arduos del reino y a las que concurría el brazo eclesiástico, o de los obispos, y el nobiliario o militar, de los grandes del reino, y nacieron las cortes castellano-leonesas, siendo las primeras que, según el Ordenamiento de Alcalá y el Fuero Viejo de Castilla, merecieron este nombre las habidas en Nájera en 1137 ó 1138.
No es unánime la opinión que asigna este origen a las Cortes. Algunos creen que las Cortes proceden no de los concilios, sino de las curias plenas, que eran la ampliación del Consejo Real que resultaba de la llamada al mismo de los obispos y magnates del Estado.
Con posterioridad a los obispos y a los nobles tuvieron acceso a las Cortes castellano-leonesas las ciudades, el pueblo. Las primeras cortes leonesas de las que consta ciertamente la asistencia del brazo popular fueron las que don Alfonso IX reunió en León en el año 1188. Siguen apareciendo los representantes de los pueblos en las cortes leonesas de Benavente (1202) y León (1208).
En cuanto a Castilla es cierto que se convocó para las Cortes celebradas en 1168 a los “majores civitatum et vilarum”; no consta que concurrieran a ellas con voz y voto representantes elegidos por los pueblos, ni que desde entonces asistieran sin interrupción a las Cortes los mandatarios de los concejos. Aunque fundado en el capítulo VIII de la cuarta parte de la Crónica General, Martínez Marina (“Teoría de las Cortes”) dice que a las Cortes castellanas de 1168 concurrieron no sólo los prelados y los grandes señores sino también los ciudadanos y todos los concejos de Castilla.
No obstante haber entrado los procuradores de los pueblos a formar parte de las Cortes castellanas muy posteriormente al clero y a la nobleza, desde el reinado de don Sancho IV (1284-1295) comenzó a predominar el brazo popular sobre los otros dos.
En Aragón tal vez concurriera el brazo popular a las Cortes habidas en Borja en 1134, antes, pues, que en Castilla y León. Otros señalan las Cortes del año 1163 como las primeras del reino de Aragón en que tuvo acceso a ellas la representación de los pueblos.
En Navarra, según el cronista P. Moret, asistieron representantes de los pueblos a las Cortes habidas en 1194.
En Cataluña, las primeras Cortes a las que acudieron los tres brazos parece que fueron las convocadas en 1064 por don Ramón Berenguer para promulgar los Usatges. El reconocimiento escrito del derecho del brazo popular a intervenir tuvo lugar en las Cortes de Barcelona del año 1282, bajo don Pedro III.
Tuvieron, pues, entrada en las Cortes españolas los procuradores y mandatarios del pueblo antes que en Inglaterra, Alemania y Francia.
-Componían el brazo eclesiástico los obispos, los abades y priores de los grandes monasterios; y al menos en Aragón, Cataluña, Valencia y Navarra, los representantes de los cabildos catedrales. Además formaban parte de este brazo los maestres de las órdenes militares españolas y extranjeras (el Temple y San Juan de Jerusalén). Presidía el brazo eclesiástico y llevaba su voz: en Castilla, el arzobispo de Toledo; en Cataluña, el de Tarragona; en Navarra, el de Pamplona.
-El brazo noble o militar estaba formado por los ricoshombres y aun por los meros hidalgos o infanzones a quienes el rey convocaba. En Aragón había dos brazos en representación de la nobleza: el de los grandes, formado por los ricoshombres; y el de los caballeros, constituidos por infanzones. En Valencia, el brazo noble era elegido por sorteo entre los nobles y caballeros.
La presidencia y la voz del brazo noble la tenía el representante de una de las grandes casas del reino en cuestión: en Castilla, el Señor de la Casa de Lara; en Cataluña, el Duque de Cardona etc.
Así como los brazos eclesiásticos fueron los primeros en entrar en las Cortes castellanas, fueron también los primeros que desaparecieron de ellas. Los prelados y los grandes asistieron por última vez a las Cortes celebradas en Toledo en el año 1538. Tras esa fecha, sólo fueron llamados a Cortes los representantes de las ciudades y villas.
-El brazo popular estaba compuesto por los procuradores de las ciudades y villas que tenían derecho a voto en Cortes.
En León, el rey don Alfonso IX llamó a las Cortes de 1188 a todas las ciudades del reino. En Castilla asistieron a las Cortes habidas en 1188 en Carrión de los Condes los representantes de cuarenta y ocho ciudades y villas, pero no más. Hasta el reinado de los Reyes Católicos era indeciso y variable lo concerniente a las ciudades y villas con voto en Cortes.
Según el cronista de los Reyes Católicos, Hernán Pérez del Pulgar, para las Cortes generales de Toledo de 1480 se convocaron las ciudades de:
Burgos
León
Avila
Segovia
Zamora (que representó además a todo el reino de Galicia hasta el año 1623)
Toro
Salamanca
Soria
Murcia
Cuenca
Toledo
Sevilla
Córdoba
Jaén;
y, además, a las villas de:
Valladolid
Madrid
Guadalajara.
También lograron voto en Cortes
Granada
Oviedo
Plasencia
y Palencia.
El que fueran perdiendo el voto en Cortes las ciudades y villas fue debido a la incuria de algunas, que no enviaban sus procuradores no obstante ser llamadas, y a la resistencia que oponían las ciudades con voto a que se ampliara ese derecho, a fin de que siendo reducido el número de sus poseedores fuera más estimado.
Por este brazo popular hablaba la ciudad de Burgos.
En Aragón tenían voto en Cortes las ciudades de:
Zaragoza
Huesca
Tarazona
Jaca
Albarracín
Barbastro
Calatayud
Borja
Daroca
Teruel;
Y las villas de Alcañiz, Fraga, Montalbán, Monzón , Sariñena, y otras trece más.
Otras villas, como Egea, Tauste, Uncastillo y Sos, por privilegio especial, enviaban sus representantes no al brazo popular sino al brazo noble o de los caballeros.
En Valencia tenían voto en Cortes, por el brazo popular:
Valencia, Játiva, Orihuela, Alicante, Morella, Alcira, Castellón, Onteniente, Alcoy, Burriana, Cullera, Liria y otras veinte más.
Lo propio ocurría en Cataluña y Navarra: existían ciertas ciudades con derecho a enviar procuradores a sus Cortes, presididas respectivamente por los representantes de Barcelona y de Pamplona.
En toda España, para tener voto en Cortes, las ciudades y villas debían ser de realengo.
En Castilla, el número de procuradores por ciudad solía oscilar entre uno y ocho. Después don Juan II mandó que enviaran dos procuradores, no más.
La forma de hacerse la elección de los procuradores (brazo popular) en Cortes variaba en cada ciudad: unos los designaban por elección, otros por suerte y otros por turno. Hubo también linajes que poseyeron el derecho de representar en Cortes a sus ciudades, como los de Tovar y los de Reoyos en Valladolid.
La designación la verificaban los ayuntamientos. También se dejó sentir, a veces, la intromisión del poder real en la designación de los procuradores.
Los procuradores recibían de los municipios que iban a representar en Cortes sus poderes y las instrucciones con las que debían hablar y votar, y de las cuáles no podían salirse; existía pues, mandato imperativo. Por eso no hablaba ni votaba propiamente el procurador, sino la ciudad o villa que él representaba.
Mientras duraban las Cortes, los procuradores gozaban ciertas inmunidades; y percibían salarios, estancias y gastos de viaje que les abonaban los municipios, y después el erario real, por decisión de don Juan II de Castilla en las Cortes de Ocaña de 1422, ante las quejas de los pueblos por los gastos que les suponía.
Aunque no había texto legal alguno que lo impusiera, era muy conforme con la naturaleza del mandato, que terminadas las Cortes, ellos dieran cuenta a los concejos del uso que habían hecho de las facultades recibidas.
Había Cortes generales y particulares. En las primeras se reunían todos los brazos, y en las segundas los que el Rey convocaba.
Existieron
también Cortes generales de varios reinos españoles. Así hubo Cortes
generales de todos los reinos de la Corona de Aragón: Aragón, Cataluña,
Mallorca y Valencia; las primeras de ellas se celebraron en 1289, y se
reunían en la ciudad de Monzón.
(Ver texto completo) Evolución y funciones de las Cortes en la Monarquía Hispánica (Ver texto completo)
En la
Monarquía Hispánica las distintas cortes existentes en sus reinos
siguen una evolución muy distinta. En Castilla resulta inexorable la
pérdida del poder político de las cortes a consecuencia precisamente del
crecimiento del poder real a partir de los Reyes Católicos y
definitivamente con la derrota sufrida por las comunidades y la
vinculación de esta rebelión con la idea y el programa de un mayor poder
para las cortes.
Y aunque el
poder real creció en Castilla para quien iba a ser rey de los diversos
reinos que componen la monarquía Hispánica (una monarquía compuesta), en
cambio ese crecimiento no fue suficiente para reducir inicialmente el
poder político de otras cámaras representativas como ocurre en el caso
de las Cortes de los de los 3 territorios de la Corona de Aragón, que a
pesar del absolutismo real, mantuvieron sus atribuciones.
De hecho en las
cortes aragonesas (hasta 1592) cualquier asunto propuesto por el
monarca quedaba paralizado siempre que cualquier procurador, aunque
fuese uno solo, manifestase su disconformidad. Es lo que se conoce como derecho de disentiment.
Por tanto, era necesario que todo el brazo o estamento estuviese de
acuerdo en acceder a lo solicitado por el monarca, para que este
consiguiese sacar su petición adelante. Dicho de otra manera era
necesario que votase Nemine Discrepante. Además ocurre que si un brazo no acudía a la convocatoria de Cortes, esta no tenía lugar.
Las Cortes, cuya convocatoria era una merced o gracia real, en el caso de los reinos hispánicos tenían las siguientes funciones:
-Tomar juramento al nuevo rey que accede al trono.
- Promulgar
leyes, aunque no es materia exclusiva de ellas, ya que el rey a través
de las pragmáticas también puede darle a una disposición carácter de
ley.
-Aprobación de la mayor parte de las aportaciones fiscales que han de hacer los súbditos de la monarquía.
- En menor medida funciones judiciales.
Cuando el nuevo
rey accedía al trono, había de presentarse a las Cortes para en ese
acto recibir juramento de fidelidad por parte del reino y a su vez
acatar el contrato o “constitución anticuaria” que el reino había
establecido con el monarca respecto al gobierno del territorio. En
concreto, los reyes de la monarquía hispánica debían haber cumplido con
los acuerdos establecidos en las Cortes de León y Castilla del año 1188
con el rey Alfonso IX: el rey promete de no hacer guerra, ni paz, ni
tratado sin el consejo de los obispos, de los nobles y de los hombres
buenos. Es la primera ley que pone a la monarquía un límite en el
concurso de las Cortes, pero este pacto jurado no se cumplirá.
No ocurre lo
mismo con el caso de las cortes de Aragón, donde el rey ha de jurar y
cumplir con los Privilegios de la Unión Aragonesa, otorgados por Pedro
IV en 1283 a las Cortes aragonesas. Estipula, entre otros puntos, que
todos los años se reunirían las Cortes de Aragón en la ciudad de
Zaragoza, como forma de intervenir el reino en el gobierno de Aragón.
En el terreno
legislativo, a las cortes les corresponde aprobar las propuestas que
sobre esta materia les hace la parte real; o bien aprobar o suspender
las propuestas que llevan a las Cortes los propios estamentos. De todos
modos, en este último caso, aunque fuese aprobada por las cortes, era
necesario una sanción real, para que el acuerdo tuviese el rango de ley.
En lo que
respecta a fiscalidad, las Cortes de los reinos hispánicos acuerdan los
impuestos con los que los gobernados deben contribuir al mantenimiento
de la monarquía. Votan por tanto, los servicios ordinarios y los
servicios extraordinarios, cada vez mas frecuentes, con los que los
súbditos alimentan las arcas reales.
A pesar del
creciente absolutismo regio, las cortes castellanas se llegan a reunir
en 53 ocasiones entre 1497 y 1660. No obstante, este alto número de
reuniones no van a desarrollar ni una importante actividad fiscal ni
legislativa; precisamente, una cuestión fiscal como fue la petición de
una ayuda económica a las cortes reunidas en Toledo por parte de Carlos
V en el año 1538, será motivo para que la representación de los brazos
en las cortes se reduzcan de 3 a 1, el de las ciudades castellanas.
Sólo este brazo tendrá representación.
En adelante y
precisamente por negarse a votar la sisa o impuesto sobre consumos que
pide el rey a los tres brazos en Cortes, y negarse Nobleza y clero,
dejan de ser convocados por el monarca y sus sucesores.
Resumiendo, las
cortes castellanas a partir de 1538 van a contar con la representación
de solo un brazo, el de las ciudades, es decir, el que representa a las
oligarquías urbanas de Castilla, grupo social del que procedían los
procuradores o representantes que las ciudades envían a cortes.
Para Pérez
Prendes, el brazo nobiliario y eclesiástico dejan de asistir a las
cortes ya que esta institución ha perdido su función política. En
cambio, Domínguez Ortiz expone que dejan de acudir estos brazos debido a
la irritación del emperador al no acceder a votar el servicio económico
que les solicita.
A partir
de 1538 solo quedará un brazo en cortes, el ciudadano. Representado por
18 ciudades, que son las que tienen derecho a voto en las cortes.
Territorialmente, las ciudades con representación en cortes nos ofrecen
una visión asimétrica, ya corresponde mayor porcentaje a las ciudades
del centro de Castilla que a las de la periferia. Hasta el extremo que
las ciudades de Galicia, Cantabria o Extremadura no van a tener
representación en cortes hasta el siglo XVII. En este siglo, ciudades
que no habían tenido representación, o que habían dejado de ejercitarlo,
lo adquieren a finales del reinado de Felipe IV. El número de ciudades
con voto en cortes es de 21, siendo las beneficiadas: Palencia, y las
ciudades de Galicia y Extremadura, que concurren por turnos.
Ser procurador a
cortes por una ciudad interesa más por las ventajas que conlleva el
cargo que por la función política que en si desarrollan los
procuradores. Es ventajoso, ya que por lo general el rey otorga al
procurador para atraerlo a sus intereses, entre otras mercedes: un
hábito de orden militar, la concesión de un oficio municipal (regiduría)
de por vida y con la posibilidad de transmitir a sus descendientes,
mayorazgos y vínculos…. Y lo más suculento el 1´5 % de los servicios
económicos que votan –y que paga el común-
Hay que
reconocer, asimismo, que los procuradores también tuvieron una gran
actividad, haciendo peticiones al rey sobre diversas materias:
fiscalidad, moneda y valor intrínseco de la misma , comercio,
abastecimientos, forma de vestir, seguridad pública; o bien recordando
al rey la obligación que tenía de cumplir acuerdos de anteriores cortes.
Ser procurador
no significa estar a disposición del rey y sus propuestas, cada vez con
mayor grado de absolutismo –entendido como el centro del poder soy yo,
el monarca-. Un ejemplo de ello lo tenemos en el representante por la
ciudad de Granada en las Cortes de 1621, Lisón y Viezma, cuando se
opone al valido Olivares, cuando pretendía suprimir el servicio de los
millones por otro aun mayor con el fin de hacer frente a los gastos
militares de la Monarquía. Esto demuestra que no siempre el
autoritarismo real se imponía en las ciudades.
Antes de 1632:
Carta de procuradores = Voto deliberativo. Siempre debe consultar en su concejo antes de votar una propuesta real en las cortes.
Después de 1632:
Voto decidido = Tiene que traer el voto decidido y no puede consultar una vez iniciadas las cortes.
Las cortes
castellanas activas, aunque poco resistentes al absolutismo real,
reciben un golpe de gracia. Se hacen frágiles y quedan sujetas a los
designios del rey el año 1632. Este año las cortes reunidas en Madrid
sufrieron un duro quebranto para su autonomía. Hasta ese momento los
procuradores en cortes salían de su ciudad con una carta de procuración,
en la cual se dispone que su voto se ajuste a lo que mande la ciudad, y
en todo momento ha de consultar con la ciudad lo que votará –es lo que
se ha llamado voto deliberativo o cconsultivo-.
Sin embargo,
Felipe IV y Olivares imponen en 1632 que los procuradores de la ciudad
no puedan ir a cortes obligados o sujetos a instituciones oficiales o
juramento de obediencia a sus ciudades. Desde el citado año, los
procuradores a la hora de votar, no pueden consultar a sus ciudades,
tienen que traer el voto decidido. Por tanto, las votaciones en las
cortes a partir de 1632 se hacen con voto decidido y sin posibilidad de
consultar a la ciudad a la que representan.
Si bien es
cierto que el voto deliberativo ralentizaba la toma de decisiones, la
posibilidad por parte del procurador de consultar el voto a su ciudad,
deja abierto un resquicio para frenar el absolutismo regio. Las pocas
posibilidades de gobierno del Reino sujeto a un mínimo control por parte
de las ciudades desaparece en 1632.
John Elliott y
Charles Yago exponen que los procuradores se rindieron, lo que supuso un
momento importante y decisivo en el debilitamiento institucional de la
frágil asamblea parlamentaria de Castilla.
Pese a todo,
aún hubo cortes en el reinado de Felipe IV. Son vueltas a convocar en
1647-1648 y de nuevo en 1655. Sin embargo, el declive de las cortes es
total en el reinado de Carlos II. La corona convoca solo una vez a las
cortes: el año 1665, para que juren al nuevo y joven rey, que tardará
12 años en encargarse del gobierno. Tras este acto no vuelve a
reunirlas, solicitando directamente a los cabildos municipales y
concejos con representación en cortes la prorrogación de los servicios
económicos establecidos.
En el siglo
XVIII, el papel de las cortes castellanas no varía, solo cambia su
composición. Crece el número de sus componentes al suprimirse el decreto
de Nueva Planta las cortes de Aragón, Valencia y Cataluña, y acudir las
ciudades de estos reinos que tienen representación a las cortes de
Castilla. Por tanto, las cortes de Castilla se convierten en unas cortes
casi nacionales, ya que las únicas cortes que siguen existiendo son las
de Navarra. En el siglo XVIII, las cortes solo se reúnen en 5
ocasiones:
- En 1709,
durante solo un día, el 7 de abril, para poner de manifiesto a los
procuradores de otros reinos, que aquellas cortes no eran mixtas, ni
integradoras, sino las cortes de Castilla, a las que se incorporaban
para que actuasen con la prudencia y acatamiento que lo hacían los
procuradores castellanos.
- En 1712 se
reúnen por un llamativo motivo de política exterior: sancionar la
renuncia de Felipe V a la corona de Francia, por imperativo de la reina
Ana I de Inglaterra.
Es llamativo es
que el año 1724, Felipe V no convoque cortes para renunciar a la corona
de España y para que esas cortes reciban el juramento del nuevo rey
Luis I. Por tanto, no fue preciso convocar cortes en septiembre de 1724
cuando muere, a penas transcurridos nueve meses de su reinado el joven
Luis I, y vuelve a España Felipe V.
En cambio,
Felipe V si convoca cortes el 25 de noviembre de 1724, para que estas
reciban el juramento como príncipe de Asturias, del futuro monarca
Fernando VI. Las cortes no se convocan ni una vez en el reinado de este
rey.
No ocurre lo
mismo en el reinado de Carlos III, que una vez llegado a Barcelona, pide
que se convoquen cortes para jurar como nuevo rey y asegurar la
obediencia de sus súbditos.
En 1789, recién
proclamado rey Carlos III, las cortes se convocan para reconocer como
príncipe de Asturias y heredero al futuro Fernando VII; y algo, aun más
importante que los procuradores desconocían en el momento de ser
convocados: derogar, aunque no se promulga, la ley sálica y volver al
orden sucesorio tradicional, que no obliga a que las líneas masculinas
con derecho a sucesión estén totalmente extinguidas para que pueda ser
reina una mujer.
En el siglo
XVIII, la competencia de las cortes se limitan a cuestiones relativas a
la designación del monarca. Tienen un papel muy escaso en la concesión
de servicios económicos a la corona. En este siglo, la monarquía obtuvo
los ingresos para la hacienda real a través de los donativos, de la
subida de los precios de los productos de estancos o con el manejo a su
antojo de las rentas aduaneras..
Las cortes en
el siglo XVIII, como ha escrito José Antonio Escudero, fueron unas
cortes sumisas al poder regi. Por su parte, como de forma mas reciente
ha expuesto Juan Luís Castellano, si las cortes tuvieron un motivo de
ser, se encuentra en que fueron un instrumento que sirvió para reforzar
aún mas el absolutismo real de los Borbones, y a su vez permitieron
mantener la ficción de que existía una institución que podía oponerse al
citado absolutismo.
Las Cortes de Aragón
A diferencia de
las castellanas, a lo largo de la edad moderna conservan la presencia
de todos sus brazos: el brazo nobiliario, a su vez dividido en alta y
baja nobleza, el brazo eclesiástico y el brazo urbano o ciudadano. En
conjunto, la representación de estas cortes, teniendo en cuenta el
número de sus diputados o procuradores, es bastante mayor que la que
tuvieron sus homónimas castellanas. Como ejemplo, en las cortes de 1636,
el brazo urbano de las cortes de Cataluña, Aragón y Valencia sumaban en
total 530 diputados, lo que prácticamente hacía inmanejable por parte
del monarca las cortes aragonesas.
Otra diferencia
notable respecto a las cortes castellanas y que ha apuntado Javier Gil
es que aunque se reúnen en bastantes menos ocasiones que las
castellanas,y en consecuencia pudieron desarrollar una actividad
legislativa y hacendística menor, en cambio funcionan como verdaderos
valladares frente al avance del autoritarismo de los Austrias. Por esa
resistencia, las cortes aragonesas fueron mucho más exigentes a la hora
de pedir la reparación de agravios, contrafueros… cometidas por los
representantes reales y tuvieron un espíritu mucho más
<constitucionalista>, es decir de defensa de la existencia de un
pacto entre el rey y ellas, que defienden las libertades y derechos de
los súbditos de la corona de Aragón.
Incluso en
ocasiones llegan a oponerse frontalmente a los designios del monarca.
Las tres cortes de la corona de Aragón fueron más autónomas y menos
sumisas a la monarquía hispánica que lo fueron las castellanas. Prueba
de su autonomía la tenemos en la protesta de los tres brazos de las
cortes aragonesas cuando en el año 1484 se introduzca la Inquisición en
Aragón; o en el rechazo a la Unión de Armas, cuando tal propuesta es
llevada por Felipe IV a las cortes de los tres reinos el año 1626; se
registra una determinante oposición del banco ciudadano a votar
favorablemente el servicio económico solicitado por la monarquía para
crear un “ejercito nacional” y también a la reivindicación del monarca
de controlar una parte de los ingresos municipales.
Es muy
significativo que con motivo de esta reunión de las cortes el año 1626,
el rey pronuncie un discurso antes de abandonarlas, sin acabar, en el
que declara: “No os he llamado para oíros, sino para que me oigáis”.
De todos modos,
la autonomía de las que disfrutan las cortes del reino de Aragón
también sufre recortes. El sistema judicial aragonés, amparado en el privilegio de Manifestación,
impide que ningún aragonés sea detenido si no es por una autoridad
aragonesa. Ese privilegio va a constituir una serio problema el año
1591, pues imposibilita que se detenga por orden real al antiguo
secretario de Italia e influyente cortesano, Antonio Pérez. Además la
Inquisición – pues Felipe II utiliza el ardid de acusarlo de herejía- no
podía detener a Pérez ya que no había cometido el delito en Aragón;
pese a todo la Inquisición intenta detenerlo. Ante tales hechos la
ciudad de Zaragoza se declara en estado de insurrección, lo que motiva
que un ejercito real invada el reino y reprima la insurrección, tras la
que estaban los fueristas. La consecuencia fue la privación de los
elementos que hacían posible frenar la autoridad real. El rey convoca
cortes el año 1592 en Tarazona y las preside él mismo, y en las que se
le quita los instrumentos que podían poner freno al autoritarismo real.
En concreto el monarca decide suprimir el derecho de unanimidad o “Nemine discrepante”,
conforme al cual todos los miembros del brazo deben estar de acuerdo
para que se apruebe una ley o se aprueben unos servicios económicos.
Desde esos momentos, en las cortes aragonesas, ya no es necesaria la
unanimidad, basta con una simple mayoría para que se pueda aprobar
cualquier petición que el rey haga a cortes.
De esta forma,
los reyes pudieron sacar adelante con bastante más facilidad las
peticiones realizadas a las cortes aragonesas. Desde entonces, frente al
“Nemine discrepante”, el principio que se establece es “la mayor parte
de cada brazo, que haga brazo”. Con lo que resta fuerza a la
representatividad de los miembros de los brazos.
Otra decisión
penalizadora tomada en 1592, consiste en anular el principio de que si
un brazo no asiste, la reunión no puede tener lugar. Aunque uno de los
brazos no asista, si los otros dos acuden, se pueden celebrar las
cortes.
Cuando Felipe
V derogó mediante los Decretos de Nueva Planta el sistema foral de los
reinos de Aragón, sus cortes desaparecen. como se ha dicho al hablar
de las cortes castellanas en el XVIII, lo único que le va a quedar al
reino de Aragón, es la posibilidad de enviar representantes de sus
ciudades a las cortes de Castilla, que ahora funcionan casi como unas
cortes nacionales.
Las Cortes de Navarra
En el año 1512, el reino de Navarra era
anexionado por Castilla e incorporado definitivamente en las cortes de
Burgos del año 1515. Navarra quedó sin rey, puesto que los Albret son
desposeídos de su título real, pero conservan sus cortes, que tuvieron
un papel político más brillante que el de las cortes castellanas, pero
menos destacado que el de las cortes aragonesas.
Las cortes de
Navarra están compuestas por 3 brazos, el eclesiástico, que como ocurre
en Francia, es el primer orden del reino, el nobiliario y el popular. En
nombre del rey, el virrey de Navarra, puede convocar cortes, las
preside y disfruta de plenos derechos para reparar toda clase de
agravios o desafueros cometidos por funcionarios reales tal y como se
reconoce en las cortes de Sangüesa en el año 1561. Hemos dicho que las
cortes navarras tuvieron más peso político que las castellanas, y así
fue, las cortes navarras solicitan la reparación de agravios o
contrafueros, y sólo cuando se ha producido esa reparación acceden a
votar los servicios económicos que le solicita la Monarquía. En estas
concesiones fiscales, las cortes de Navarra fueron menos renuentes que
las cortes aragonesas.
En el siglo
XVIII, la Monarquía intentó limitar la autonomía de la que disfrutaba el
virrey para decidir sobre los asuntos de Navarra sin consultar a las
autoridades centrales. Así mismo, también la monarquía intenta y
consigue disminuir la autonomía y vigor de las únicas cortes, junto a
las castellanas, que subsisten.
De hecho, en el
siglo XVIII, las cortes navarras dejan de corregir los desafueros o
agravios cometidos por funcionarios reales y tuvieron que conformarse
con alegar ante el rey sus derechos, prestándole memoriales y
representaciones en las que hacen constar sus protestas.
Por tanto, las
cortes de Navarra en el siglo XVIII se limitan a la presentación de
agravios, no pudiendo llevar a cabo su corrección como en siglos
anteriores.
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